El grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Miguelturra ha registrado una moción para su debate y aprobación en el próximo Pleno ordinario “en solidaridad con el pueblo de Ceuta y en defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional de España”, además de por “una acogida digna y corresponsable de las personas migrantes”, tras los graves acontecimientos y la presión migratoria vivida en la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio.
La coalición condena “la utilización de las personas migrantes como herramienta de presión geopolítica por parte de Marruecos en un contexto de guerra híbrida” y rechaza “el uso electoralista del dolor por parte de la extrema derecha”. La iniciativa respalda la labor del Ministerio de Juventud e Infancia y exige a la Unión Europea el fin de las políticas de externalización de fronteras.
Con esta propuesta, la formación pretende que el Ayuntamiento churriego envíe un mensaje claro: “defender a Ceuta, así como a su gente y la soberanía nacional e integridad territorial de España es plenamente compatible con garantizar los derechos humanos de quienes llegan a sus fronteras, especialmente de los niños y niñas que se encuentran sin protección familiar”, manifiestan.
Desde IU-Podemos han recordado a las 141 personas que han perdido la vida intentando cruzar la frontera en este periodo y han condenado con firmeza cualquier intento de instrumentalizar a los seres humanos. “Ninguna persona, y mucho menos un menor, puede ser utilizada como moneda de cambio o herramienta de presión política ni geopolítica por ningún Estado”, señalan desde el grupo municipal, instando al Gobierno de España a actuar con firmeza soberana ante las presiones del Reino de Marruecos. Asimismo, la moción critica frontalmente “el fracaso de la política europea de externalización de fronteras” y condena “la instrumentación geopolítica” exigiendo a la Unión Europea ”una revisión profunda hacia un modelo migratorio basado en la solidaridad y el derecho internacional“.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la protección prioritaria de los menores extranjeros no acompañados. La formación denuncia que Ceuta, Canarias o Melilla no pueden afrontar en solitario una responsabilidad que concierne al conjunto del Estado. Por ello, la moción reclama “la creación de mecanismos legales, estables y permanentes que garanticen el reparto vinculante entre todas las comunidades autónomas para evitar el colapso de los servicios públicos de acogida y asegurar condiciones de vida dignas a la infancia vulnerada”. En este sentido, la propuesta respalda explícitamente el trabajo desarrollado por el Ministerio de Juventud e Infancia para articular este apoyo técnico, económico y solidario entre territorios.
El texto presentado por IU-Podemos alerta sobre el riesgo de que la concentración de personas en territorios con recursos limitados sea aprovechada por sectores de la extrema derecha para “alimentar discursos racistas, xenófobos y antiinmigración que buscan convertir a las víctimas en chivos expiatorios”. Asimismo, la moción hace un llamamiento a ”la defensa del carácter plural y de consenso de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)”, solicitando que la institución representativa del municipalismo “no sea utilizada de manera partidista”.
Finalmente, el grupo municipal reconoce expresamente ”la ejemplar labor de la sociedad civil ceutí, sus asociaciones y colectivos sociales, que demuestran diariamente que frente al odio y el miedo existe una alternativa real basada en la convivencia, la solidaridad y la dignidad humana”.
Puntos clave de los acuerdos solicitados al Pleno:
- Solidaridad institucional y vecinal con Ceuta y con todas las personas que en ella habitan.
- Exigencia de corresponsabilidad territorial a todas las Comunidades Autónomas para la acogida de menores. Protección de la infancia y corresponsabilidad de las CCAA Frente al racismo y la utilización partidista de las instituciones.
- Rechazo tajante a la xenofobia y al uso partidista o electoral de la emergencia humanitaria.
- Respaldo a las actuaciones del Ministerio de Juventud e Infancia en materia de protección a la infancia migrante.
- Traslado de los acuerdos al Gobierno de España, ministerios implicados, Gobierno de Castilla-La Mancha y la FEMP.