El Partido Popular de Miguelturra explica a través de nota de prensa que «contar hechos sin faltar a la verdad significa presentar una narración fiel y precisa de lo sucedido, sin añadir o modificar información de manera que se altere la realidad. En otras palabras, es comunicar la verdad completa, sin omitir detalles importantes ni añadir información falsa».
Desde el Partido Popular de Miguelturra lamentan «profundamente, que los grupos políticos de la oposición vuelvan a tirar de demagogia y fango lanzando comunicados y acusaciones falsas que en ningún momento se han realizado. Frases como ‘con la educación de nuestros hijos e hijas no se juega’ no vienen sino a crear alarma social e intentar confundir a la ciudadanía para enturbiar la realidad de lo que está ocurriendo con el edificio de la CEOE que alberga nuestro Colegio Público Maria Elena Maseras«.
El pasado mes de abril, tal y como apuntan los ‘populares’, «se recibió en el Ayuntamiento de Miguelturra una reclamación patrimonial por parte de Unicaja de cinco millones de euros más intereses, como compensación de los perjuicios sufridos por la hipoteca de las instalaciones de la CEOE-Cepyme y los intereses hipotecarios generados. Esta sede fue levantada en terrenos municipales cedidos de forma gratuita por el Ayuntamiento, vinculado a que tuviera un fin educativo, algo con lo que efectivamente nuestro partido ha estado siempre a favor. La CEOE no es una organización enemiga, sino más bien un interlocutor importante en las relaciones laborales y económicas de España y en todo momento el beneficio para Miguelturra estaba más que justificado».
Además, expone el PP de Miguelturra que «tras la desaparición de la CEOE por concurso de acreedores en septiembre de 2013, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Ciudad Real con competencias en lo Mercantil decretó en abril de 2015 la reversión de los terrenos al Ayuntamiento de Miguelturra; algo que el Consistorio había ratificado en pleno el 5 de septiembre de 2013. El documento judicial exponía que se aprobaba la citada reversión, pero que ésta no significaba que el Ayuntamiento pudiera disponer de la parcela cedida sin carga».
Los ‘populares’ apuntan que «en septiembre de 2017 visita Miguelturra el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, anunciando la creación de un nuevo colegio por parte de la JCCM en este edificio y es ahí donde comenzaron las dudas del PP de Miguelturra, pues éramos sabedores de que el recurso por las cargas hipotecarias no fue admitido a trámite, existiendo las mismas posibilidades de que se eximiera de la carga o de que nos condenaran a hacer frente a la hipoteca contraída».
El Grupo Popular remarca que «siempre defendió que ante ese nuevo panorama debería ser la JCCM la que asumiera la deuda y por ello el 19 de octubre de 2017 se solicitó en pleno una petición de compromiso a la Junta para que, antes de que se iniciasen los trabajos pertinentes de habilitación de ese espacio a colegio, se supiera que, en el caso de que la Justicia no nos dé la razón, fuera la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, quien asumiera el pago de la hipoteca».
Ante «la situación de inseguridad que rodeaba al nuevo colegio, en enero de 2018, la comunidad educativa de Miguelturra representada en el Consejo Escolar Municipal recibió la visita del por aquel entonces, consejero de educación, Ángel Felpeto quien afirmó que el Gobierno regional recibía la cesión, ejecutaba la reforma, lo reintegraba al Ayuntamiento y garantizaba la escolarización de los alumnos, fuera cual fuese el escenario que se diera en el futuro, tranquilizando a quienes poníamos dudas sobre la actuación, por lo que votamos a favor de tal uso, dadas las garantías que la JCCM nos ofrecía», expresan.
Además, el PP de Miguelturra subraya que «según declaró en octubre de 2019 el entonces concejal de Hacienda, Pedro Mellado, existe un documento firmado con el compromiso del Gobierno regional de buscar una solución en el caso de que el Tribunal Supremo fallara la ejecución hipotecaria del edificio. Ese mismo año, poco antes de la celebración de las elecciones municipales, se desestimó el recurso del Ayuntamiento y se declaraba firme la sentencia, por lo que el Ayuntamiento se tendría que haber hecho cargo del pago de la hipoteca».
Ante esta «narración fidedigna de hechos», desde el Partido Popular de Miguelturra, «queremos informar a nuestros vecinos de manera transparente sobre los asuntos que afectan directamente al municipio, como es el caso de este edificio y de la deuda asociada al mismo. Por tanto, quieren señalar que «el Ayuntamiento no firmó ninguna hipoteca, pero fue considerado responsable por la justicia por ser titular del suelo, que la hipoteca fue otorgada a la CEOE- CEPYME y que el actual equipo de Gobierno se ha visto obligado por la justicia a afrontar esta reclamación patrimonial heredada».
La formación indica que «nuestra intención es y siempre ha sido que el uso del edificio sea educativo, pero de una manera responsable, tal y como exigimos en su día desde la oposición. Siempre hemos valorado y defendido positivamente que el edificio hoy funcione como colegio. Sin embargo, consideramos que no es incompatible reconocer este buen uso con pedir una reflexión política sobre cómo se gestionó esta operación que esperemos pueda solventarse y no afecte a las arcas municipales».
Por último, el PP de Miguelturra incide en que «en lugar de cuestionar nuestro compromiso con Miguelturra y la educación de nuestros hijos, invitamos a la oposición a asumir su parte de responsabilidad y a colaborar en una tarea que nos compete a todos: eximir al Ayuntamiento de la reclamación en la que nos encontramos inmersos, implicando a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se comprometió ante la Comunidad Educativa de Miguelturra en enero de 2018, a que esta deuda nunca sería pagada por el Ayuntamiento ni por la Junta de Comunidades».