La cuestión de la despoblación del medio rural fue abordada este martes por el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, en la mesa ‘Marco financiero plurianual y regulación de la política de cohesión para el periodo 2021-2027’, durante la celebración del III Congreso Internacional ‘El principio de solidaridad y las integraciones económicas’, que organiza la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) de forma semipresencial.

En este contexto, Jesús Alique ha presentado ante expertos internacionales la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha. Una norma “pionera, participada y transversal”, ha dicho, que busca frenar la pérdida demográfica en los pueblos de la región.

Esta Ley, ha explicado Alique, establece como principal instrumento de planificación para el desarrollo de las zonas afectadas por la despoblación la Estrategia Regional frente a la Despoblación. Con una vigencia de diez años, esta Estrategia plantea un sistema de evaluación y seguimiento, un modelo de gobernanza -abierta y con espacios de diálogo y escucha- al tiempo que establece unos mecanismos de financiación que, impulsados por la Administración regional, se coadyuvarán con fondos procedentes de la Unión Europea.

El comisionado del Reto Demográfico ha recordado que el documento de la Estrategia ha sido muy participado y se encuentra en un avanzado estado de tramitación. En él se recogen en torno a 200 actuaciones a impulsar en el periodo 2021-2030 que contribuirá a fijar población en los territorios en los que se apliquen. Asimismo, la Estrategia favorecerá el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento, al tiempo que garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de las personas que viven en zonas rurales afectadas por la despoblación.

Por último, durante su intervención, Jesús Alique ha recalcado que la Estrategia “es el resultado de la acción transversal del Gobierno de Castilla-La Mancha para combatir la despoblación y garantizar servicios básicos, así como propiciar la cohesión social y territorial, en línea con los objetivos establecidos en la Ley, y sentar las bases para crear un entorno favorable para vivir e invertir en estas zonas rurales”.