El Ayuntamiento de Miguelturra ha puesto en marcha un plan integral para la incorporación al mercado inmobiliario local de cerca de 200 viviendas que permanecían paralizadas, abandonadas o vandalizadas desde el estallido de la crisis económica de 2008. Según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Ramón Mohíno, en declaraciones a Radio Miguelturra, «la movilización de este parque residencial ha sido una prioridad para el equipo de Gobierno desde el inicio de la legislatura en 2023, anticipándose a una demanda de vivienda que en los últimos meses se ha intensificado notablemente».

El regidor asegura que la clave municipal para desbloquear estos activos procedentes de promociones fallidas, en su mayoría en manos de la Sareb, entidades financieras y fondos de inversión, ha sido «una exhaustiva actualización catastral y tributaria«.

Mohíno ha explicado que los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) continuaban girándose a nombre de mercantiles constructoras extinguidas, lo que mantenía las promociones en un limbo administrativo sin generar costes a sus titulares reales. «Nos encontrábamos con que estos residenciales no pagaban ni el IBI porque se le giraba a constructoras que ya no existían; era como tirar piedras contra una pared«. Tras años de parálisis, el Ayuntamiento regularizó la titularidad catastral y tributaria de los inmuebles, muchos de ellos en manos de entidades bancarias, fondos de inversión o la Sareb.

Así, la emisión de las liquidaciones correspondientes a los propietarios actuales ha actuado como un impulso decisivo para forzar a las entidades a retomar las obras o vender los edificios a promotores, erradicando al mismo tiempo focos de degradación e inseguridad vecinal: «Cuando estos residenciales comenzaron a tributar como cualquier otra vivienda de Miguelturra, empujamos a los propietarios a hacer algo con ellos. Ya no servía el ‘esto no pide pan’, sobre todo siendo inmuebles vandalizados que suponían un foco de problemas vecinales«, explica el alcalde.

Actualmente, cerca de un centenar de estas viviendas ya han sido reactivadas y puestas a disposición de los vecinos, mientras que las otras cien se encuentran en distintas fases de tramitación con la previsión de completar la totalidad de la oferta a lo largo de la presente legislatura.

Entre las actuaciones en marcha o ejecutadas destacan:

• Complejo de Molinos/Azorín: rehabilitación integral de unas 70 viviendas situadas junto al supermercado Mercadona, que ya cuentan con licencia de obras.
• Promociones en la calle Real (esquina con Sancho Panza) y en la manzana delimitada por las calles El Ramo y Pablo Ruiz Picasso.
• Avenida 8 de Marzo: se trata del último gran núcleo pendiente de desbloqueo, de mayor complejidad técnica por la concurrencia de dos hipotecas en distintas entidades, pero cuya situación catastral ya ha sido regularizada para facilitar información a posibles inversores.

El regidor ha destacado asimismo las valoraciones de los promotores que operan en el municipio, quienes señalan que «la recuperación y aprovechamiento de estructuras ya consolidadas supone un ahorro significativo frente a la obra nueva en solares urbanos, cuyos costes de edificación pueden llegar a duplicarse».

Paralelamente a la autopromoción y al desarrollo de pequeños residenciales adosados, el alcalde ha reflexionado sobre la actual escasez de oferta residencial frente al notable incremento de la demanda registrado en el municipio. Mohíno ha advertido que el marco regulatorio estatal y autonómico somete el desarrollo de nuevos sectores a un «embudo burocrático» que demora las tramitaciones entre dos y más de cuatro años. 

«Hemos pasado del ‘todo vale’ de la burbuja inmobiliaria a una sobrerregulación de las leyes de vivienda a nivel estatal y autonómico que está asfixiando el urbanismo y ahogando la oferta», ha denunciado el alcalde. A su juicio, los plazos de tramitación de entre dos y cuatro años, sumados al incremento desmedido de los costes de los materiales y el suelo, «están impidiendo que los jóvenes y las familias accedan a un hogar a precios razonables«.

Ante este escenario de sobrerregulación, el Ayuntamiento de Miguelturra ha instado formalmente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a retomar proyectos urbanísticos que quedaron interrumpidos en el pasado. En concreto, el Consistorio aboga por recuperar el sector A-01 (ubicado detrás del estadio municipal), un desarrollo que fue paralizado y judicializado en su día, pero que ya dispone de estudios técnicos, trazado de viales, dotaciones y planos de reparcelación aprovechables. «Allí se hicieron estudios previos, proyectos de reparcelación y diseño de viales y dotaciones. Es el momento de que la administración competente retome ese trabajo y lo saque adelante, ya sea mediante iniciativa pública, privada o mixta«, ha afirmado.

El primer edil ha defendido la reactivación de este sector mediante iniciativa pública, privada o fórmulas de colaboración público-privada, «garantizando un crecimiento planificado para asegurar nuevo suelo y consolidar la posición estratégica de Miguelturra y su cercanía a Ciudad Real».

Por último, Mohíno reitera «el compromiso del Ayuntamiento de Miguelturra de continuar trabajando activamente con constructores, promotores y entidades para canalizar inversiones que garanticen el acceso a la vivienda y consoliden el crecimiento demográfico del municipio«.